Sin experiencia política, y sin capacidad para formar equipos, Castillo no logró encontrar una dinámica de gobierno
Por: Oscar Condori Calizaya
El 7 de diciembre, en el espacio de unas horas, el ejecutivo peruano cambió. Tras un intento de disolución, el presidente Pedro Castillo fue detenido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, aplicó la sucesión constitucional. Muestra de la crónica crisis en Lima, es la tercera vez en cinco años.
Tras el fallido golpe, todo se desbarrancó. Sus ministros renunciaron en masa, las Fuerzas Armadas no lo apoyaron e incluso su abogado personal lo abandonó públicamente. Nadie quiso cargar con el mote de “golpista”. Aunque el Congreso cuenta con índices bajísimos de popularidad, su cierre fue visto como un golpe de Estado puro y duro. “No hubo tiempo ni para hacer memes”, ironizó un analista.
Si bien es cierto, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en movilización permanente, levantan una plataforma eminentemente política que exige la renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones con recomposición del Congreso de la República y referendo Constituyente; los reclamos de la población que repudia al actual gobierno, no solo es lo dicho líneas arriba, sino, lo que subyace en el trasfondo, es el abandono, así como la desconfianza de encontrar solución a sus centenarias reivindicaciones en aquellos que los ningunearon, especialmente algunos personajes del Congreso.
Lo cierto es que el tan cacareado éxito del modelo económico solo benefició a un sector, básicamente, en la costa y luego de la pandemia se desnudó como catástrofe. La solución propuesta fue más de lo mismo. Continuamos sujetos al modelo neoliberal y al carácter primario exportador de nuestra economía tanto del sector minero, gasífero, agrícola, etc. hecho que no ha permitido ni permite el desarrollo, por lo que el país está convertido en productor de materias primas y de algunos servicios y consumidor de todo lo que viene a través de la importación.
En los últimos 40 años ninguno de los gobiernos, ni nacional ni regional han planteado en serio la necesidad de cambio para que se puedan revertir estos hechos, con el agravante de que precisamente en zonas como el “corredor minero” o las productoras de gas es donde existen más carencias por la errática gestión del Estado.
¿Cómo se llegó a este extremo? Esto se debe a que la Constitución del 93 otorga un carácter subsidiario al Estado -es decir este solo puede intervenir en los sectores que no les interesan a los privados, no permite la revisión de contratos lesivos al país. Además, el absurdo de señalar en la Constitución, que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones (Art. 63). Es decir, cualquier impulso o incentivo que quiera dar la sociedad o el Estado a la industria nacional debería permitírsele también a los extranjeros.
A mas de seis meses del fallido golpe, sin base de apoyo en las instituciones, ni gente dispuesta a defenderlo en las calles, la última iniciativa de Castillo fue un salto al vacío. El Congreso, que antes de su “cierre” no sumaba los votos necesarios para vacar al mandatario por “incapacidad moral permanente”, terminó reuniéndose de urgencia en la mitad de la tarde y, en un voto a voz alzada, un sí sucedió a otro y el presidente fue destituido.
En este nuevo contexto toca persistir en la lucha contra las amenazas militaristas que se han cobijado en el Gobierno de Dina Boluarte y en el seno del actual Congreso donde algunos militares en retiro abogan por la violencia. La derecha fascista-falangista-franquista; en el medio, la desconcertada izquierda congresal que parece más coincidente con la ultraderecha en querer quedarse hasta el 2026.