…algunos ya estaban feliz porque se despojaban del “dolor de cabeza” por la frecuente exigencia de puesto laborales y otras por las que el pueblo solía frecuentar ante la autoridad.
“Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrato y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes…”, dice la Constitución Política de 1993, en su Artículo 76, aprobada durante el periodo gubernamental de Alberto Fujimori, del cual nadie se percató o simplemente nos hicimos de la ‘vista gorda’, para recién ‘rasgarnos las vestiduras’.
Debido al incontrolable crecimiento de los actos de corrupción en los gobiernos subnacionales de nuestra patria -especialmente en la región Moquegua que estaba próximo a ocupar el primer lugar en corrupción- La Contraloría General de la República, desde el 2016, venía solicitando al Congreso de la República la regulación del Artículo 76 de la Constitución Política, la misma que -finalmente- fue ejecutada mediante la Ley N° 31876.
Esta cuestionada norma que ya estaba vigente, fue dada “por culpa de las exautoridades y también exfuncionarios corruptos” de nivel regional, quiénes al momento de ejecutar proyectos en sus jurisdicciones, también se embolsicaban varios miles de soles…Por eso, para algunos vecinos de la región Moquegua que detestan y cuestionan todo acto de corrupción, esta ley ha caído como una bendición de Dios; mientras que, para los vividores del Estado, era la peor maldición que el mismo COVID-19.
Con esta norma, la gobernadora ni los alcaldes se perjudicaban, porque ellos saben ‘sacar la suya’ de las empresas ganadoras de la buena pro, y si por ‘suerte’ se llegase a un lauro arbitral con la contratista por algún inconveniente en la ejecución de la obra, era mucho mejor, porque eso es otro “negocio” para las autoridades en ejercicio…Sepan que esta presunción no es ninguna novedad; es bastante sonado y comentado en las esquinas, calles y plazas de los pueblos.
Como ven, las autoridades locales y regionales no perdían siquiera una pizca de sus pretensiones económicas; tal vez por eso era poco el interés ni se daban por enterado sobre la sorpresiva llegada de esta ley…Sin embargo, los tremendamente perjudicados eran los profesionales y técnicos; además, la clase trabajadora del pueblo y los proveedores locales, pues la empresa contratista viene cargado de su gente, materiales, maquinarias y demás complementos, de eso lo sabemos hasta la saciedad.
De no derogarse esta ley, hubiéramos vuelto a muchos años atrás y condenados a fugar a otros lares o pulular por las calles en busca de trabajo. Los municipios, apenas acogían un poco de personal para realizar algunas fichas de mantenimiento que, ni siquiera para eso alcanzaba los 247,500 soles.
De no dar marcha atrás y no hubiera habido la voluntad del Poder Legislativo para corregir o enmendar sus errores, las municipalidades distritales de la región Moquegua, estaban condenadas a quedar desoladas, porque ya no había razón de contar con gran cantidad de personal administrativo, técnico ni obrero, debido a que ya no quedaba nada por ejecutar con presupuestos millonarios.
Finalmente, es momento de reflexionar y hasta señalar con el dedo acusador que los integrantes del desprestigiado Parlamento Nacional, en contubernio con el gobierno de la ‘izquierdista’ Dina Boluarte, con amenazas de procesos judiciales y la represión coercitiva, nos van conduciendo hacia el otrora espacio político de la dictadura fujimorista.
De otra manera no se explica cómo las leyes que emanan del Congreso de la República, siempre o casi siempre están a favor de los oligopolios y empresas que saquean la patria. Además, con el manejo político engañoso, los que ostentan el poder, siguen rifando nuestra riqueza, mientras el pueblo está condenado -maliciosamente- al hambre y la miseria. Pero menos mal, que la dañina Ley N° 31876 fue derogada en un “santiamén”.