En 1956 se inician las movilizaciones contra el gamonalismo y la servidumbre indígena. La reforma agraria se había convertido en un consenso nacional que hasta la otrora poderosa Sociedad Nacional Agraria apostaba por cambiar la tenencia de la propiedad rural. También era necesario para los intereses de la geopolítica norteamericana.
La intención era acabar con la servidumbre indígena y presentar un modelo de reformas que evite la insurrección aprista que en esa época tenía una línea antifeudal y antimperialista; además, el objetivo de los yankis era impedir el crecimiento revolucionario de los socialistas en América Latina.
Por tal razón, el presidente Manuel Prado en 1956 formó una comisión para “la reforma agraria y vivienda” que no funcionó. En 1962 la junta militar de Lindley, casi legitima la ocupación de tierras en los valles de La Convención y Lares. En 1964, en el gobierno de Belaunde, se dio una tímida ley de reforma agraria que no se aplicó, hasta la “radical” reforma agraria de Velasco en 1969, que acabó con la servidumbre de los “indios”.
Juan Velasco Alvarado, devolvió a los indígenas el estatus que tenían en el Tawantinsuyo y que lo perdieron con la usurpación de los españoles. La tierra cambió de dueño del hacendado al Estado, y el indio se convirtió en campesino, obrero en las SAIS y pequeño parcelero en las comunidades campesinas. La reforma agraria velasquista expropió aproximadamente 15,826 propiedades y más de 9 millones de hectáreas que se adjudicaron a 379 mil campesinos indígenas.
Pero ¿cómo entender la Reforma Agraria de Velasco? Lo primero es recordar que había una demanda histórica. A pesar de los decretos liberales de Bolívar, el Perú nunca fue una sólida República, sino que se continuó con los dos Perú excluyentes. Por un lado, un Perú de “criollos” con voto y haciendas, y por el otro costado, un Perú de indígenas sin tierras ni derechos.
