El Perú atraviesa una de sus crisis más profundas no solo por la corrupción que carcome sus instituciones, sino por la normalización de un poder sin principios, sin inteligencia y, sobre todo, sin moral. La figura de Dina Boluarte Zegarra, encarna esta decadencia: una presidenta sin legitimidad histórica, sin brújula ética y sin capacidad para gobernar. Su permanencia en el cargo no es solo un error político; es una afrenta a la dignidad de la República.
La Constitución peruana establece, en su artículo 113, la figura de la «incapacidad moral permanente» como causal de vacancia presidencial. No se trata de un mecanismo pensado únicamente para casos de enfermedad mental, sino para aquellos gobernantes que, por sus actos u omisiones, demuestran una ausencia total de condiciones éticas y racionales para ejercer el poder. Boluarte ha convertido su gobierno en un catálogo de razones para aplicar este precepto:
La sangre en sus manos. La represión de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 dejó decenas de muertos, en un acto de violencia estatal que jamás fue asumido con responsabilidad política.
El pacto con la corrupción. Su alianza descarada con las fuerzas más oscuras del Congreso -las mismas que traicionaron al pueblo en sucesivos intentos de impunidad- la convierte en cómplice de un sistema podrido.
La imbecilidad institucionalizada. Sus gestos de desprecio hacia sus propios ministros, su falta de liderazgo y su absoluta carencia de rumbo han convertido al Ejecutivo en un espectáculo de improvisación y mediocridad.
Gobernar no es solo administrar; es tener la sabiduría para entender el momento histórico y la integridad para actuar con justicia. Boluarte, no solo carece de ambas virtudes, sino que ha hecho de su ineptitud una forma de gobierno. La estupidez, en política, no es un defecto menor, es un crimen cuando sus consecuencias se pagan con vidas y con el futuro de un país.
El Congreso tiene una última oportunidad para rescatar algo de decencia. Declarar la vacancia por incapacidad moral no es un acto de revanchismo, sino de defensa institucional. Pero más allá de un cambio de persona, el Perú necesita una refundación ética de su sistema político. No se trata de reemplazar un nombre, sino de enterrar un modelo basado en la servidumbre, la codicia y la ignorancia.
Este no es un llamado partidista, sino una exigencia desde la filosofía del poder: el Estado no puede seguir en manos de quienes no comprenden, o no les importa el daño que causan. La historia juzgará a quienes hoy guardan silencio. El Perú merece algo más que un gobierno de ineptos y cobardes. Merece una República digna. (Opinión: Jorge Ramos).
